Ellos no buscaron las urnas ni las papeletas, lo hicieron la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Es una lástima que un Estado que dice ser democrático tenga que utilizar la policía para requisar urnas y golpear a gente que quiere votar.
Seguro que de los 15 días que les ha dado el fiscal para aportar la documentación requerida les sobran 16 de tantas ganas para cooperar como deben de tener...
Simplemente y descaradamente, es ya una Policía política declarada.
La deslealtad ha llegado hasta tal punto en las instituciones catalanas, seguramente envalentonadas por la permisividad que desde el Estado viene siendo habitual durante lustros, que el jefe de la policía autonómica catalana y otros mandos del cuerpo están procesados por el intento de golpe de Estado que se quiso llevar a cabo a través de las propias instituciones autonómicas. Los Mozos siguen, en su inmensa mayoría, apoyando la causa independentista estén o no sus líderes políticos encarcelados, estén o no los mismos al frente de las instituciones, el breve período de aplicación del artículo 155 no incidió en absoluto en la predisposición de los Mozos. Lo vienen demostrando día a día con sus actuaciones o sus inhibiciones, por activa o por pasiva. Los ciudadanos constitucionalistas catalanes suelen salir perdiendo con las intervenciones policiales de la policía autonómica.
Los Mozos de Escuadra, no solo no persiguen a quienes desobedecen las sentencias judiciales, bien visibles pues son edificios de la Generalidad y multitud de ayuntamientos, sino que en el colmo del surrealismo persiguen e identifican como posibles delincuentes a quienes osan retirar los lazos amarillos de la vía pública colocados por separatistas ligados a Omnium, ANC o los CDR, para mayor gloria del independentismo. La policía política da una muestra más de su dependencia y se une a la causa del proceso separatista, denunciando a catorce personas a las que amenazan con sanciones de hasta treinta mil euros, permitiendo al tiempo la pancarta vejatoria contra el Jefe del Estado en la Plaza de Cataluña durante los actos de homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas. Jornada en la que ni el separatismo y sus afines, ni el propio Torra con su actitud chulesca y retadora amenazando al Estado español, ni su policía política superaron la prueba del algodón.
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Ellos no buscaron las urnas ni las papeletas, lo hicieron la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. Es una lástima que un Estado que dice ser democrático tenga que utilizar la policía para requisar urnas y golpear a gente que quiere votar.
Seguro que de los 15 días que les ha dado el fiscal para aportar la documentación requerida les sobran 16 de tantas ganas para cooperar como deben de tener...
Simplemente y descaradamente, es ya una Policía política declarada.
La deslealtad ha llegado hasta tal punto en las instituciones catalanas, seguramente envalentonadas por la permisividad que desde el Estado viene siendo habitual durante lustros, que el jefe de la policía autonómica catalana y otros mandos del cuerpo están procesados por el intento de golpe de Estado que se quiso llevar a cabo a través de las propias instituciones autonómicas. Los Mozos siguen, en su inmensa mayoría, apoyando la causa independentista estén o no sus líderes políticos encarcelados, estén o no los mismos al frente de las instituciones, el breve período de aplicación del artículo 155 no incidió en absoluto en la predisposición de los Mozos. Lo vienen demostrando día a día con sus actuaciones o sus inhibiciones, por activa o por pasiva. Los ciudadanos constitucionalistas catalanes suelen salir perdiendo con las intervenciones policiales de la policía autonómica.
Los Mozos de Escuadra, no solo no persiguen a quienes desobedecen las sentencias judiciales, bien visibles pues son edificios de la Generalidad y multitud de ayuntamientos, sino que en el colmo del surrealismo persiguen e identifican como posibles delincuentes a quienes osan retirar los lazos amarillos de la vía pública colocados por separatistas ligados a Omnium, ANC o los CDR, para mayor gloria del independentismo. La policía política da una muestra más de su dependencia y se une a la causa del proceso separatista, denunciando a catorce personas a las que amenazan con sanciones de hasta treinta mil euros, permitiendo al tiempo la pancarta vejatoria contra el Jefe del Estado en la Plaza de Cataluña durante los actos de homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas. Jornada en la que ni el separatismo y sus afines, ni el propio Torra con su actitud chulesca y retadora amenazando al Estado español, ni su policía política superaron la prueba del algodón.
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