Sostiene Josep Borrell, ministro de Exteriores y azote del soberanismo, que la ruptura del independentismo “estaba cantada”. Quizá, pero ni siquiera los más optimistas en el bando constitucionalista esperaban que la relación estallara por los aires en pleno aniversario del 1 de octubre. La crónica de este divorcio tiene dos nombres claves: Roger Torrent y Josep Costa, números uno de ERC y JxCat en la Mesa del Parlament respectivamente. Torrent y Costa se han convertido en palancas de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, cuya distancia se ha multiplicado con el paso de los meses, uno en prisión, otro en Waterloo, y han trasladado al Parlament una relación llena de agravios personales que difícilmente podrá revertir las ganas de gobernar de Pere Aragonés y Elsa Artadi, factótums de ERC y JxCat en el Govern.
El Govern intentará seguir gestionando la Generalitat, sus 200.000 funcionarios y un presupuesto superior a 30.000 millones de euros, hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia contra los responsables del referéndum y la posterior proclamación de independencia. Pero la ruptura ha dejado de intentar taparse desde que Esquerra votó rechazar la petición de delegación de voto de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull con el apoyo del PSC y el voto en contra de JxCat.
Es la primera vez que el Parlament tiene ese protagonismo político. “El tripartito de Pasqual Maragall nunca perdió una votación”, recordaban estos días con nostalgia los más veteranos en las filas de Esquerra. Es la primera victoria política de Pablo Llarena: convertir el Parlament en campo de batalla del independentismo, justo cuando el instructor del 1-O se batía en retirada.
El origen del conflicto está en la resolución del Tribunal Supremo que dicta la suspensión temporal como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull. Roger Torrent intentó un primer acuerdo de aplicación de ese controvertido auto en base a una propuesta ideada por los servicios jurídicos del Parlament -esto es, por Joan Ridao- en línea con lo que ya había insinuado días antes el PSC. Socialistas y comunes se sumaron al acuerdo, pero JxCat se negó a aceptarlo.
El vicepresidente segundo de la Mesa, Josep Costa (JxCat), convenció a Carles Puigdemont de que no podía ser suspendido porque, al no estar en prisión provisional, la Lecrim no era de aplicación en su caso. Puigdemont y Torra “compraron” ese argumento, que avala la principal línea argumental de JxCat: la restitución de Puigdemont como president de la Generalitat. El resultado fue un primer enfrentamiento entre los dos socios de Govern que llevó a Torrent a suspender la actividad parlamentaria tras cruzarse acusaciones de traición y de mentir entre los portavoces parlamentarios Sergi Sabrià (ERC) y Eduard Pujo (JxCat).
“Puigdemont, Torra y Costa forman una especie de Triángulo de las Bermudas capaz de hacer desaparecer cualquier propuesta de solución”, se lamentaba esos días una fuente republicana. Y el presagio se ha mantenido meses después. Dos elementos explican la obcecación de Puigdemont: la promesa del retorno como president, que le obliga a conservar el acta de diputado, y el resquemor contra Torrent, al que culpa directamente de haber impedido su investidura el 30 de enero, cuando el presidente del Parlament suspendió el pleno atendiendo a las advertencias del Tribunal Constitucional.
Con la vuelta de vacaciones, republicanos y pugidemontistas multiplican los encuentros, muchos de ellos en la prisión de Lledoners, junto a Junqueras, Romeva, Sánchez, Rull y Turull, para encontrar una salida que evite consecuencias penales para la Mesa y satisfaga a la vez el discurso neoconvergente de “ni suspensión ni sustitución”. Finalmente llegan a un acuerdo, apenas unos días antes de la fecha límite fijada por el Debate de Política General: el 2 de octubre.
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