La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al coronel de la Guardia Civil Juan Antonio Maroto Gil y al teniente coronel Alberto Martín Altube, ambos jefes del Servicio de Contratación del Cuerpo por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos. Los arrestos -se han producido otros cinco, entre ellos el de un subteniente- se encuadran en la operación Grapa, una red acusada de amañar contratos públicos tanto en la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que ya fueron detenidos en octubre de 2017 una quincena de personas, la mayoría funcionarios públicos.
La investigación, dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, se centra en el amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. Las pesquisas han destapado la manipulación de un gran número de expedientes de contratación, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad en el Instituto Armado.
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Respuestas
La fianza parece caderilla para lo que han robado así que no creo tarden en pagarlo.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha acordado el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio Maroto Gil y del teniente coronel Alberto José Martín Altube, eludibles previa consignación de una fianza de 50.000 euros por cada investigado. Ambos mandos del Instituto Armado han sido hoy puestos a disposición judicial y están investigados por la supuesta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en la operación Grapa.
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Si en este país que algunos ya ni le llaman España, el nivel de corrupción alcanza a todas las instituciones del estado, en algún caso menor como el relatado se detiene y se juzga al delincuente, en otros casos se ocultan y si llega el caso el delito ha prescrito (caso Pujol). Lo de trincar el dinero público (que no es de nadie) forma parte de la genética y llevamos viviendo con ello desde hace siglos.
El Ejército tiene fama de que no castiga suficiente a sus corruptos, me recuerdan casos de abuso sexual en el que los abusadores no sólo no han sido castigados sinó que ascendidos y las mujeres militares acosadas abandonando su carrera militar. Como si fuera en una empresa privada como mínimo el acosador o el ladrón una vez condenado debe ser degradado a soldado y luego expulsado del cuerpo. El Ejército, la Guardia Civil o la Policía no pueden permitir que nadie de sus miembros manche la dignidad de su institución.