"La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar, de igual modo que afecta a otros aspectos como la pensión compensatoria e incluso el interés de los hijos, porque introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente", señala el alto tribunal.
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Este planteamiento jurídico lleva ya años intentado, que se dictara una sentencia por el alto tribunal, y su doctrina nunca se había cambiado, esta sentencia dicta doctrina pero no jurisprudencia, por lo que habrá audiencias provinciales que la apliquen y otras que no, a la espera que haya una segunda sentencia y creé jurisprudencia. Ya era hora, el primer paso.
Esta historia, que comenzó en 2014, “no ha sido fácil, ha ido acompañada de un proceso de desgaste”, dice él. M. se separó en 2013, cuando sus hijos tenían cinco y ocho años. El acuerdo de divorcio se firmó en enero del año siguiente. Su exmujer se quedó con la custodia. Él paga la mitad de la hipoteca del domicilio familiar, en Valladolid, y una pensión de 250 euros por cada niño. “En julio de 2014 me enteré de que la nueva pareja de ella se había mudado a la casa”, recuerda. “Los dos tienen trabajo estable. Él se había separado, había vendido su vivienda e iniciado una relación aprovechándose del domicilio que está pagando un tercero, que soy yo”. Así que decidió recurrir a un abogado.
“Lo primero que me dijeron es que tenía que probar que vivía allí. Me tocó espiar mi propia casa. Una vez comprobado, me pidieron que contratara a un detective. Preparó un dosier con fotos que demostraban que llevaba una vida marital: entrando y saliendo con su propia llave; llevando a los niños a las actividades...”, cuenta M.
La pareja de mi exmujer vendió su casa y se mudó a la que pago yo
En 2015 llevó las pruebas a un abogado. “Los trámites se alargaron y decidí cambiar de letrado”. Fue en marzo de 2016, con una demanda de modificación de medidas en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Valladolid, cuando comenzó el periplo judicial. “En 2017 se dictó que ella seguiría teniendo derecho al uso de la vivienda, pero que se rebajaba en 50 euros la pensión de cada niño para compensar lo que supuestamente sería el alquiler de la pareja de mi exmujer por vivir allí”, señala. “Me pareció que se vulneraban los derechos de mis hijos. ¿Por qué tienen que perder poder adquisitivo para que se beneficie alguien que está en esa casa por el morro?” Recurrió.
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